Gerardo Herrera Huizar

El otrora prestigioso e impoluto Instituto Nacional Electoral atraviesa el momento más difícil de su historia, no sólo por los cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus determinaciones, sino, ahora, por el posible conflicto de interés y la pulcritud de su administración interna en la adjudicación de jugosos contratos a proveedores cercanos a su presidencia que han quedado expuestos al escrutinio público.

Aquellos y aquellas que no resultaron agraciadas con la flamígera y digital “encuesta” hicieron patente su disgusto de manera inmediata, cuestionando la metodología del proceso mediante el cual se realizó la designación de los diecisiete personajes que encabezarán las candidaturas a igual número de gobiernos estatales el año próximo.

La pregunta que se ha planteado es sobre la razón de llevar el tema ante la asamblea general del más alto organismo internacional, a lo que algunos analistas sugieren que podría tratarse de la generación de una narrativa global, como preludio para justificar acciones unilaterales futuras sobre las organizaciones criminales mexicanas que han sido clasificadas como terroristas.

El complejo asunto del llamado huachicol fiscal se ha convertido en el mayor escándalo de la presente administración, no sólo por la participación de destacados miembros de la Armada de México que ya están en prisión, sino por los señalamientos que apuntan a conocidos personajes del círculo íntimo del anterior mandatario.

Terrance Cole se refirió explícitamente a una “peligrosa conexión” entre el crimen organizado y el gobierno de nuestro país, así como a la determinación de su gobierno de ir tras todos aquellos que de alguna manera colaboren en el tráfico de drogas letales.